- La Asociación de Periodistas Independientes de Colombia advierte que las agresiones contra la prensa no solo afectan a los comunicadores, sino que representan una amenaza directa contra la democracia, la libertad de expresión y el derecho ciudadano a la información.
La reciente expedición de la Resolución 00119 de 2026 por parte de la Fiscalía General de la Nación marca un precedente importante en la lucha contra la violencia, las amenazas y la impunidad que históricamente han rodeado el ejercicio periodístico en Colombia.
La medida, emitida el pasado 7 de mayo, establece lineamientos especiales para priorizar y fortalecer las investigaciones relacionadas con homicidios, intimidaciones y agresiones contra periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios de comunicación, incorporando estándares más rigurosos de actuación institucional, protección y análisis contextual de los casos.
Desde la Asociación de Periodistas Independientes de Colombia —APIC— consideramos que esta decisión constituye un avance significativo en el reconocimiento del periodismo como un pilar esencial de la democracia y del derecho colectivo a la información.
Sin embargo, también advertimos que el verdadero desafío comienza ahora: garantizar que estas disposiciones no se conviertan en una simple declaración administrativa, sino en una política efectiva que produzca resultados concretos frente a la protección de quienes ejercen la labor informativa en el país.
Un reconocimiento histórico al periodismo independiente y digital
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es que amplía el reconocimiento institucional del concepto de periodista.
La Fiscalía deja claro que no será necesaria una acreditación formal, un título profesional o la vinculación a un medio tradicional para que una persona sea considerada sujeto de protección especial.
Este enfoque representa un avance histórico para miles de periodistas independientes, medios alternativos, comunitarios y digitales que durante años han desarrollado una labor informativa legítima, muchas veces en territorios complejos y bajo condiciones de vulnerabilidad.
En una época donde el ecosistema de la comunicación ha evolucionado profundamente, el Estado comienza a reconocer que el periodismo no depende de un carnet, sino del ejercicio real de informar, investigar, denunciar y servir a la ciudadanía.
Investigar el contexto: una herramienta contra la censura y la impunidad
La resolución también transforma el enfoque tradicional de investigación.
A partir de ahora, las autoridades deberán analizar no solamente el hecho violento, sino también el contexto de la labor periodística desarrollada por la víctima:
qué investigaba, qué denunciaba, a quién pudo afectar y si existían intereses ilegales o estructuras de poder interesadas en silenciar su trabajo.
Este punto resulta fundamental para combatir la impunidad.
Durante décadas, numerosos casos de amenazas y asesinatos de periodistas fueron tratados como hechos aislados, ignorando posibles móviles relacionados con corrupción, criminalidad organizada, violencia política o economías ilegales.
Hoy, el Estado reconoce oficialmente que atacar a un periodista puede constituir un acto de censura y una agresión directa contra el derecho ciudadano a la verdad.
La democracia también se asesina cuando silencian la prensa
Desde APIC hacemos un llamado firme y responsable a todas las instituciones del Estado colombiano para que asuman una posición activa y permanente frente a las agresiones contra periodistas.
La protección de la prensa no puede recaer únicamente sobre la Fiscalía.
Es indispensable que:
- la Procuraduría General de la Nación,
- la Defensoría del Pueblo,
- la Unidad Nacional de Protección,
- el Ministerio del Interior,
- las personerías,
- las gobernaciones,
- las alcaldías,
- y las altas cortes,
se pronuncien, acompañen y activen mecanismos reales de prevención, vigilancia y protección.
Cada amenaza ignorada, cada agresión minimizada y cada crimen impune debilita la democracia colombiana.
Porque cuando intentan silenciar a un periodista, no solo buscan callar una voz: buscan intimidar a toda una sociedad.
La censura mediante el miedo termina destruyendo el debate público, limitando el acceso a la información y debilitando el control ciudadano sobre el poder.
En términos democráticos, permitir la persecución sistemática contra la prensa es permitir que asesinen lentamente la democracia.
El compromiso de APIC: veeduría, acompañamiento y defensa del periodismo libre
Como organización gremial, APIC reafirma su compromiso de ejercer una labor permanente de seguimiento, veeduría y control social frente a la implementación de esta resolución.
Nuestro propósito será vigilar:
- el cumplimiento de los lineamientos establecidos,
- la celeridad de las investigaciones,
- la atención a periodistas en riesgo,
- la articulación institucional,
- y los resultados concretos en materia de justicia y protección.
Asimismo, continuaremos acompañando a periodistas independientes y trabajadores de medios que enfrenten situaciones de vulneración de derechos, amenazas o riesgos derivados de su ejercicio profesional.
El periodismo libre necesita garantías reales para existir.
Sin protección no hay libertad de prensa.
Sin libertad de prensa no hay transparencia.
Y sin transparencia no puede existir una democracia sólida.
Una responsabilidad colectiva
La defensa del periodismo no es una causa exclusiva de los medios de comunicación.
Es una responsabilidad colectiva que involucra al Estado, las instituciones, la academia, las organizaciones sociales y a toda la ciudadanía.
Colombia necesita entender que proteger periodistas es proteger el derecho de las personas a conocer la verdad, cuestionar al poder y participar informadamente en la vida pública.
La Resolución 00119 de 2026 puede convertirse en un punto de inflexión histórico para el país, siempre que exista voluntad política, seguimiento ciudadano y compromiso institucional para convertir sus lineamientos en acciones reales.
Desde APIC seguiremos levantando la voz para que ningún periodista sea silenciado por informar y para que la democracia colombiana jamás sea sometida por el miedo, la censura o la violencia.
